Juzgado de Garantía de Arica condenó a cuatro mujeres por trata de personas con fines de explotación sexual
El INDH actuó como querellante en la causa, en la que además se ordenó el decomiso de tres viviendas, $34 millones y 74 mil dólares asociados al funcionamiento de la red criminal.
El Juzgado de Garantía de Arica condenó a Edemia Lanez, Arminda Lanes, Jhesmin Ventura y Odina Lanes por los delitos de asociación criminal en el contexto de trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos. La causa contó con la participación de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como querellante.
Según se dio por acreditado, desde mayo de 2024 las condenadas se organizaron con distintas funciones para ingresar al país a víctimas provenientes de Bolivia y Perú, utilizando al menos diez domicilios para el funcionamiento de la red.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la organización habría obtenido beneficios cercanos a los $200 millones. Además, el tribunal ordenó el decomiso de tres casas, $34 millones y 74 mil dólares vinculados a la actividad criminal.
En octubre de 2025, la Brigada de Trata de Personas de la PDI ejecutó órdenes de entrada y registro en distintos inmuebles, procedimiento en el que fueron encontradas ocho víctimas, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y 26 años.
El jefe regional del INDH en Arica y Parinacota, Carlos Baeza, valoró la sentencia y señaló que “constituye una señal clara de que la trata de personas con fines de explotación sexual es una grave vulneración de derechos humanos que debe ser investigada y sancionada”.
Baeza agregó que la condena y el decomiso de bienes asociados a la red criminal representan “un avance importante en la protección de las víctimas y en la lucha contra este delito en nuestra región”.
Desde el INDH recordaron que la trata de personas se encuentra sancionada en el Código Penal chileno desde 2011 y considera conductas como la captación, traslado, acogida o recepción de personas con fines de explotación, ya sea dentro del país o desde y hacia el extranjero.
La institución también explicó que su mandato legal le permite emprender acciones judiciales ante graves vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo casos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tortura, desaparición forzada y otros crímenes de alta gravedad.
