Contraloría apercibe al alcalde Orlando Vargas por no actualizar Declaración de Intereses y Patrimonio
El alcalde de Arica y otros 14 jefes comunales del país tendrán 10 días hábiles para regularizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio. De mantenerse el incumplimiento, podrían iniciarse procedimientos sancionatorios.
De acuerdo a lo informado por la Contraloría General de la República, el alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, fue apercibido junto a otros 14 jefes comunales del país por no actualizar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).
Según detalló el organismo fiscalizador, la medida forma parte del proceso de revisión y control de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio, instancia en la que se detectó que 15 alcaldes de distintas zonas del país no habían presentado las actualizaciones obligatorias de sus declaraciones.
La advertencia de Contraloría fue emitida a partir del miércoles 27 de mayo, mediante oficios enviados a cada autoridad, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para presentar sus respectivas DIP.
Desde la Contraloría explicaron que, en caso de mantenerse el incumplimiento, el organismo iniciará los procedimientos sancionatorios formales, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
La normativa contempla sanciones que pueden ir desde una multa de entre 5 y 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) e incluso la destitución del cargo, si transcurridos cuatro meses desde la sanción inicial la autoridad continúa sin regularizar su Declaración de Intereses y Patrimonio.
Entre las comunas cuyos alcaldes fueron apercibidos se encuentra Arica, San Rosendo, Empedrado, Melipeuco, Cabo de Hornos, Rinconada, Los Muermos, Los Sauces, Toltén, San José de Maipo, Sierra Gorda, Santo Domingo, Quintero, Lota y Alto Biobío.
Con esta acción, el ente fiscalizador busca asegurar que las autoridades cumplan con los deberes de información establecidos por ley, especialmente aquellos vinculados a la probidad administrativa, la transparencia pública y la prevención de conflictos de interés.
